La Comunidad Valenciana apuesta por ser la primera en adaptar el Estatuto de la discapacidad a la convención de la ONU

La Comunitat Valenciana da un «gran paso adelante» para convertirse en la primera región española en adaptar el Estatuto de las Personas con Discapacidad (Ley 11/2003) a la convención de derechos de la ONU, un texto que fue ratificado por España en mayo de 2008, pero que las CCAA todavía no han adaptado a la legislación vigente. Para ello, todos los grupos políticos con representación en las Corts han firmado una Proposición de Ley que buscará adaptarse a «la filosofía» de las Naciones Unidas.

La iniciativa, impulsada por el Comité de Entidades Representantes de personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV), ha sido presentada este lunes por el presidente de esta entidad, Luis Vañó, y los portavoces de Política Social de cada partido: Maria José Catalá (PP), Concha Andrés (PSPV-PSOE), Mónica Álvaro (Compromís), Fabiola Meco (Podemos) y Toni Woodward (Ciudadanos). Vañó, que ha expresado su «alegría» por este «gran paso» y ha agradecido a los grupos que hayan dejado «sabido estar a la altura de su responsabilidad» dejando de lado sus «lógicas diferencias políticas», ha explicado que esta Proposición de Ley pretende adaptar el articulado del Estatuto de las Personas con Discapacidad a «la filosofía pura» de la Convención de la ONU.

No entra a modificar la tipificación de servicios, serán otras leyes de la Generalitat, como la futura ley de servicios sociales, ha ejemplificado, las que se encarguen de esos aspectos. No obstante, sí se adentra en aspectos como «la terminología», ha señalado. «Somos personas con discapacidad, no somos personas con diversidad funcional. No nos pueden decir cómo nos tenemos que llamar, legalmente somos personas con discapacidad y es así como nos vamos a llamar», tal como recoge la Convención de la ONU, ha apuntado.

Para el presidente del CERMI CV, la Convención de derechos de la ONU ha de ser el «marco orientador, rector y prescriptor de las políticas y legislaciones de discapacidad de las próximas dos o tres décadas, cuyos valores y principios han de impregnar y condicionar toda la acción pública en materia de discapacidad que se realice en la Comunitat Valenciana».

La Convención, ha continuado, «nos ha dotado de arsenal para desencadenar espirales transformadoras de largo alcance para la mejora de las condiciones de vida y ciudadanía de personas con discapacidad». Sin embargo, ha lamentado, «nueve años después de su entrada en vigor en España, las CCAA apenas han adoptado medidas para adecuar su legislación y sus políticas al nuevo y exigente marco de derechos», algo que sí se va a hacer ahora en la Comunitat Valenciana, ha celebrado.

«Esperamos con ansiedad», ha confesado Vañó, que el debate sobre la Proposición de Ley se pueda realizar a partir de septiembre, mes en el que está prevista la puesta en marcha de la Comisión Especial para el Estudio sobre Políticas Integrales de Discapacidad -aprobada por las Corts en febrero de 2016-, donde entidades y asociaciones que podrán presentar sus aportaciones y los partidos políticas sus enmiendas para «mejorar» el texto. «La idea es que antes de que acabe del año esto se pueda debatir en pleno», confía el presidente de CERMI CV.